Iván Navarro Sanabria

Ciudad de México

La Secretaría de la Función Pública a través de un comunicado informó el ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) durante la administración de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes, ha sido inhabilitado por un periodo de 10 años.

Esta sanción se dio gracias a un procedimiento de responsabilidades y deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario, quien también fuera comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial del 2014 a 2016.

Según el comunicado, Castillo Cervantes omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos, lo que constituye una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros manifestó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar”.

La titular de la Función Pública recordó que “este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”.

Remató que, durante el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona sancionada. Este procedimiento sancionador es parte de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.