Redacción
Ciudad de México
Tras una serie de acusaciones contra Guillermo Álvarez Cuevas, Cooperativa La Cruz Azul SCL manifestó total rechazó a las mismas, además aseguró que son versiones distorsionadas de la realidad.
A través de un comunicado de la cooperativa, la entidad que preside “Billy” Álvarez se defendió de las acusaciones que han surgido en las últimas semanas, principalmente, por lavado de dinero y malversación de fondos.
“Cooperativa La Cruz Azul SCL expresa su total rechazo a las acciones de difamación, daño moral y perjuicio, en contra de la imagen y estabilidad económica de la Cooperativa”, comienza la carta.
Agrega que un pequeño grupo de socios suspendidos de sus labores, encabezados por José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez y Juan Briseño, es el que encabeza las acusaciones, aunque lo hacen con información sustraída ilegalmente de la empresa.
La misma es “utilizada ante diversas autoridades y medios de comunicación de manera abiertamente distorsionada, difamando y alterando la paz social de la empresa y generando de manera adicional una opinión pública y mediática adversa».
Destacan que dichas acusaciones son versiones distorsionadas de toda realidad y que son parte de una estrategia jurídica sustentada en la ambición “de los que dicen defender los intereses cooperativistas”.
La semana anterior se mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera había congelado las cuentas de “Billy” Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, y que los cooperativistas y trabajadores se verían afectados al no recibir sus pagos, lo indican en la carta puso “en un alto grado de inestabilidad” su patrimonio.
La Cooperativa aseveró que está dispuesta a colaborar con las autoridades, al tiempo de agradecer la intervención de las autoridades y las expresiones de la UIF y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“A través de su trabajo se podrán deslindar todas y cada una de las responsabilidades e imputaciones sin sustento que se han externado de forma mediática, ya que es sólo la autoridad la que tiene la facultad única de determinar la culpabilidad o no de los diversos actos que se imputan con base en los derechos de ley».
